NARCOTEST
El intendente de Villa de Merlo y sus funcionarios también se realizarán los exámenes toxicológicos
El intendente Juan Álvarez Pinto difundió la firma de un decreto que adhiere a la ordenanza aprobada recientemente en el Concejo Deliberante.
El Gobierno de la Villa de Merlo adhirió a la obligatoriedad del examen toxicológico para todos los cargos electivos, funcionarios y el juez de Faltas. Así lo difundió por redes sociales el intendente Juan Álvarez Pinto.
El decreto N°29 tiene fecha de 15 de octubre y el intendente, Juan Álvarez Pinto lo comunicó hoy.
El presidente del Concejo Deliberante Leonardo Rodríguez explicó a El Chorrillero que el decreto establece la adhesión de la ordenanza que se aprobó recientemente en el cuerpo deliberativo.
Por otro lado señaló que ya hay conversaciones con el Hospital Madre Catalina Rodríguez y el Ministerio de Salud para realizar los tests, ya que quedan unos 15 días para que venza el plazo para la realización de la prueba de acuerdo a la norma.
“Esta mañana remití al Concejo Deliberante el Decreto N° 29, de fecha 15 de octubre de 2024, que establece la obligatoriedad del examen toxicológico para todos los cargos electivos, funcionarios y el Juez de Faltas”, detalló el intendente en sus redes sociales.
“En esta primera etapa, quienes ocupamos cargos electivos y ejercemos funciones públicas —es decir, aquellos que hemos sido elegidos por nuestros vecinos para tomar decisiones diarias en su representación—, incluidos el intendente y cada uno de los concejales, tendremos un plazo de 15 días para realizarnos el examen, en cumplimiento de la Ordenanza vigente”, agregó (N. de R. La ordenanza fue aprobada el pasado 10 de octubre).
“Este control debe ser asumido directamente por quienes ocupamos cargos públicos, sin costo para el Estado, en un compromiso personal y ético con la transparencia”, agregó el intendente quien remarcó que no consume drogas ni fuma tabaco y “tengo la certeza de que mi examen arrojará un resultado negativo, y espero que los concejales de la oposición puedan demostrar lo mismo”.
“El consumo de drogas implica una complicidad directa con el narcotráfico. No se puede ignorar que alguien suministra esa sustancia y si se cultiva en forma privada también constituye un acto ilegal. Ya es momento de acabar con los dobles discursos y actuar con coherencia. Como funcionarios, debemos ser los primeros en dar el ejemplo”, concluyó.
La ordenanza establece la realización de test de manera periódica y aleatoria. Deberán ser realizados por una institución pública independiente, que garantice imparcialidad y confidencialidad en los resultados.
De salir positivo se hará un segundo análisis confirmatorio y si este también sale positivo, será apartado temporalmente de sus funciones hasta que se garantice su recuperación.
La aplicación de los controles será de carácter preventivo y no discriminatorio, buscando el apoyo y la reintegración de los alcanzados en sus funciones, con la facilitación de acceso a tratamientos y licencias correspondientes.